El pliego de prescripciones técnicas

Desde un punto de vista pragmático, si tenemos en cuenta la filosofía de la legislación sobre contratos públicos que exige introducir innovación y tecnología para la prestación de los servicios (Artículo 22 del TRLCAP), podríamos pensar que, como contenido suficiente para el pliego de condiciones técnicas, bastaría con definir en detalle el objeto del contrato y responder a las preguntas:
¿Cuáles son las demandas de los ciudadanos que se pretende cubrir mediante la prestación? = Misión
¿Cuáles son los resultados que se espera conseguir con la ejecución del servicio? = Objetivos

Y dejaríamos en manos de las empresas del sector que propongan cómo habría que prestar el servicio:

  • Cuáles son los elementos implicados en cada tarea concreta,
  • Las tareas con su frecuencia,
  • Los recursos necesarios para su ejecución,
  • Las normas que hubiera que cumplir,
  • El precio del servicio, según precios unitarios o por tanto alzado,
  • La forma de certificación y abono.

Todo ello con total libertad para dejar que los licitadores presenten a la Administración todo tipo de mejoras tecnológicas sin cortapisas de ninguna clase, siempre con el condicionante de satisfacer las demandas concretas de los ciudadanos y de cumplir los objetivos marcados.

Tendría su lógica. Se supone que solo pueden participar en la licitación empresas capaces a las que les hemos pedido que justifiquen una solvencia técnica suficiente (Artículo 54 del TRLCAP), mediante su experiencia en contratos similares, la elevada capacitación de los profesionales que la integran o cualquiera de las otras formas que prevé la Ley. Empresas, además, muy especializadas, entrenadas para competir por cada contrato, una estrategia de supervivencia que les exige estar a la última en todas las cuestiones técnicas y normativas que les atañen.

Los técnicos de una Administración Local, por su parte, se enfrentan a los pliegos de un nuevo contrato de servicios cada dos, cada cuatro o cada seis años, o incluso más, en el caso de los grandes contratos de gestión de servicios públicos. Puede que nunca hayan tenido que enfrentarse al trabajo de redactar un pliego de determinado servicio y que no estén al tanto de las últimas modificaciones normativas ni de las últimas tendencias de cada sector… ni falta que hace.

Por su parte, los responsables de las oficinas técnicas de las empresas de cada sector, esas que podrían estar interesadas en licitar, se enfrentan a un nuevo pliego, cuanto menos, una vez a la semana, cada uno con sus cosas (buenas y no tan buenas). Estudiarán a fondo dos o tres ofertas al mes, como poco, para presentarse al procedimiento de contratación. Pero además, dentro de cada una de estas empresa, los técnicos responsables de la ejecución de los contratos trabajan con muchas administraciones distintas, con una causística inmensa, sujetos a pliegos de lo más variopinto, con aciertos y conflictos. Experiencias que retroalimentan la capacidad de estos contratistas.

Con toda la razón y precisamente para disponer de ese bagaje, la Administración exige que se justifique la solvencia técnica… también debe aprovecharla.

En el supuesto que comentamos, el de solo detallar en el pliego técnico el objeto del contrato, la misión y los objetivos, bastaría con incorporar unos criterios de adjudicación detallados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de forma que podamos comparar las ofertas que presenten los licitadores, validar la información aportada o la solución propuesta en cada caso y puntuar.

El esfuerzo de la Administración, en vez de concentrarlo en la definición de un pliego técnico, lo emplearíamos en estudiar a fondo cada propuesta.

About Pablo Zurita Espinosa

Pablo Zurita Espinosa, Director Técnico. Ex-Gerente del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Ex-Directivo de empresas de gestión de servicios.

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