La necesidad de la inspección de los servicios públicos

La inspección de servicios es necesaria para garantizar el cumplimiento de las prestaciones que recibe el ciudadano. En un sentido amplio engloba:

  • Sacar partido al dinero público para el fin al que va destinado,
  • Mantener la motivación de los trabajadores que los ejecutan y
  • Mejorar la percepción del vecino sobre la influencia del servicio sobre su propio bienestar.

Porque la existencia de los servicios públicos solo se justifica si consiguen influir en positivo sobre nuestra calidad de vida, coberturas básicas, seguridad, un espacio urbano más acogedor, unas condiciones sanitarias aptas para la vida en comunidad, etcétera.

Podemos pensar en la inspección con afán sancionador -que podría ser una de sus motivaciones- y así lo defienden algunos autores que entienden que la posibilidad de imponer sanciones tiene una finalidad preventiva que pretende asegurar la ejecución del contrato.

Desde CSP, sin embargo, apostamos por enfocarla desde un punto de vista constructivo, plantearla como garante de la calidad, como pieza clave de la interacción entre el ciudadano y quienes cumplen las tareas propias del servicio: el inspector como defensor de los ciudadanos con capacidad para influir en los prestatarios para corregir fallos y resolver incidencias. En la medida que el servicio funciona bien por voluntad de las partes se hará innecesaria la aplicación de la potestad sancionadora.

La obligación de inspección con independencia de quién ejecute los servicios, si es la Administración Pública con sus propios medios o mediante la contratación a un tercero en las condiciones que prevé la ley. Hay matices pero siempre intentaremos defender una misma posición, alineada con quienes reciben los servicios, desde esa perspectiva, porque el inspector no debe dirigir ni fiscalizar en sentido estricto.

En la legislación vigente encontramos el mandato a la Administración Local, por una parte, en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, también en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su Texto Consolidado después de la última modificación de 30 de diciembre de 2013, que le encomienda la competencia de la prestación de muchos servicios públicos a los municipios.

Por otra, la Ley de Contratos del Sector Público, cuando la Administración decide ceder la prestación a un tercero, exige que el dinero público sea utilizado con eficiencia y que los contratos se cumplan en las condiciones en que son contratados, prevé la designación de un responsable por parte de la Administración (funcionario o no, según el Artículo 52) e incluso que el órgano de contratación dé instrucciones al contratista.

About Pablo Zurita Espinosa

Pablo Zurita Espinosa, Director Técnico. Ex-Gerente del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Ex-Directivo de empresas de gestión de servicios.

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